Un oleoducto de USD 3000 millones que puede generar USD 13.000 millones en exportaciones y liberar a Vaca Muerta de su cuello de botella. Pero la UNESCO, desde Corea del Sur, y más de 20 ONG exigen frenarlo por el impacto en las ballenas. En juego no solo está el petróleo: está la soberanía energética y el futuro de una Patagonia que sigue mostrando sectores de gran pobreza.
El oleoducto Vaca Muerta Sur es uno de los proyectos energéticos más importantes en la historia de la Argentina. Dicho así parece el eslogan vertido en un discurso por algún político local, pero no: el dato es cierto.
Aunque la inversión es importante —unos USD 3000 millones—, lo clave del asunto es que su puesta en funcionamiento le permitirá al yacimiento no convencional entregar mayor volumen de fluido y deshacerse del cuello de botella que hoy padece. De este modo, esa inversión inicial de USD 3000 millones se traducirá en unos USD 13.000 millones en exportaciones a través de la costa atlántica en Río Negro.
La capacidad inicial se calcula en unos 180.000 barriles diarios, ampliable a 700.000 por día. En la Terminal Punta Colorada se instalarán al menos cinco tanques de 120.000 m³ cada uno y se enlazará con una estructura capaz de cargar buques de alto tonelaje.
“VMOS trabaja para transportar hasta 550 mil barriles por día, con la posibilidad de incrementar esta capacidad a 700 mil barriles diarios en función del aumento de producción”, señala la información oficial.
“Las principales compañías energéticas del país unidas para potenciar el crecimiento económico de la Argentina”, sigue.
Son: YPF, Pan American Energy y Vista Energy, Pampa Energía, Chevron Argentina, Pluspetrol, Shell Argentina y Tecpetrol.
No se puede pedir más en este contexto. ¿O sí? Hasta hace pocos años la zona del Golfo San Matías estaba vedada para proyectos petroleros y el transporte de combustibles fósiles. Era una forma de cancelar la costa turística de la provincia a cualquier iniciativa industrial en beneficio de las empresas turísticas y de la pesca y recolección artesanal.
La letra chica no acostumbra a ser muy leída en este tipo de iniciativas “verdes” y se relaciona con que la falta de oportunidades, el desempleo y la pobreza han sido una constante histórica en la zona, desde Viedma hasta Sierra Grande. En 2022 la Legislatura local cambió la normativa hiperproteccionista y dejó la puerta abierta a otro tipo de inversiones.
La creación de un oleoducto que cubra todo el trayecto entre Añelo (Neuquén) y Punta Colorada, cruzando 600 kilómetros de desierto, tiene un sentido soberano que admite pocas discusiones. Esta estructura apuntala la independencia energética de la Argentina y le permite acceder a un sustancial número de divisas.
Pensemos que en 2013, cuando se puso en debate la primera concesión en Vaca Muerta, liderada por YPF y Chevron en sociedad, unas 10.000 personas salieron a las calles en Neuquén capital oponiéndose al proyecto. Hoy el yacimiento no convencional representa más del 50 % de la producción de combustible fósil del país. De modo que la decisión no resultó tan equivocada y atravesó ya cuatro gobiernos.
Unir dos puntos tan distantes entre sí tiene la forma de un sueño, pero, en definitiva, bien pensado, se trata de toda una gesta necesaria. El capital financiero puso su parte y el oleoducto ya se encuentra en un estado muy avanzado y debería comenzar a operar en unos meses.
Sin embargo, hace un rato no más, la UNESCO le reclamó al país que cese los trabajos de la megaobra porque no está claro el impacto ambiental que podría tener en el área de Puerto Pirámides y aledañas —sí, donde se observan las ballenas y existe una rica fauna nativa—. En definitiva, allí hay un negocio distinto, pero un negocio al fin, que se ha ganado su espacio con los años y con la llegada del turismo internacional.
En concreto, la UNESCO le exigió durante 2025 y 2026 una serie de estudios ambientales, pero los informes que entregó el gobierno de Javier Milei no fueron suficientes para aplacar las dudas de los funcionarios. Este tipo de prácticas por parte de organismos foráneos, o incluso de organismos medioambientales de los propios Estados, son bastante comunes. Los grandes proyectos están sujetos a una mirada pública donde confluyen ONG nacionales y extranjeras, sectores políticos, organismos y tribunales extranjeros vinculados directamente con la protección de la naturaleza y, a través de todos ellos, fluyen también los intereses comerciales y competitivos de otras empresas multinacionales y países. El panorama nunca es demasiado claro.
Como se verá, llegar a puerto (nunca tan bien dicho) no es una cuestión solo de tener voluntad y dinero. Por ejemplo, en Magallanes, extremo sur de Chile, algunos de los proyectos de hidrógeno y amoníaco han tenido más de 1000 observaciones ambientales por parte de este tipo de organismos y vecinos. De manera que su demora tiene relación directa con estas explicaciones que no siempre son bien intencionadas.
Detrás o acompañando el pedido enérgico de la UNESCO hay más de 20 ONG y agrupaciones, entre ellas Greenpeace, que también tuvo un papel central en la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego en 2021.
El requerimiento de la UNESCO fue comunicado en un lugar tan lejano a la Patagonia como Busan, Corea del Sur, durante la 48.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial. El organismo internacional estableció el 1 de febrero de 2027 como fecha límite para completar la información que, en su visión, aún se encuentra pendiente. Ya en octubre de 2025 la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) había solicitado restablecer el nivel de protección ambiental del Golfo San Matías.
Recordemos que en septiembre de 2022 la Legislatura de Río Negro aprobó la Ley N.º 5594, mediante la cual se modificó la Ley N.º 3308, que prohibía la actividad petrolera y gasífera en el Golfo San Matías desde 1995.
La UNESCO y demás organismos de todo tipo alegan que los posibles derrames podrían afectar el ecosistema de la costa atlántica más turística, que abarca desde el balneario de Las Grutas hasta Puerto Pirámides. Entre ambos puntos hay más de 200 kilómetros y no 30 kilómetros, como se leyó por estos días en los medios masivos y en las redes.
Uno de los argumentos que se levantan desde ciertos sectores de la clase política y las ONG refiere a que el Estado será incapaz de prevenir y supervisar las operaciones en el puerto y así proteger el medioambiente, por lo que el proyecto debería darse por cancelado.
El argumento, claro, parece olvidar que existe Vaca Muerta y que su explotación y efectos ambientales ya se encuentran bajo la supervisión del Estado neuquino en primer término. En el caso del oleoducto deberían involucrarse las provincias de Neuquén y de Río Negro, un hecho que es visto con desconfianza por los opositores en lugar de entenderse como un beneficio. Según su ecuación, dos provincias serían incluso más ineficientes en sus acciones preventivas que una sola. “Mejor no hacer nada” sería la frase de fondo.
Otra de las líneas principales de este debate se relaciona con la injerencia de organismos externos que condicionan la soberanía de la Argentina. Es decir, el país no se encuentra en pleno dominio de su territorio no para desarrollar armas nucleares (no es el caso), sino un oleoducto. Queda transparentado entonces que el Estado debe pedir permiso a organismos que se dan cita en Corea del Sur, por caso, para iniciar obras que beneficien su propio crecimiento en la Patagonia. No es tan extraño que a partir de esto surjan numerosas teorías conspirativas. Porque tampoco está muy claro de dónde obtienen sus fondos las ONG que acuden a la justicia para interponer recursos que dilatan procesos o que lideran, por lo general, furiosas campañas multimedia.
La lista de ONG y otras organizaciones que se oponen y accionan contra el oleoducto Vaca Muerta Sur es extensa y diversa: Asambleas del Curru Leufú (coordinación de asambleas de Río Negro y Neuquén), Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, Fiske Menuco (General Roca) y otras localidades, Multisectorial Golfo San Matías (agrupa comunidades costeras de Las Grutas, San Antonio Oeste, etc.), Observatorio Petrolero Sur (OPSur), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (también llamada Abogadxs Ambientalistas), Fundación Patagonia Natural, Instituto de Conservación de Ballenas (ICB), Greenpeace Argentina, Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas, Wildlife Conservation Society Argentina (WCS Argentina), Global Penguin Society, 350.org, Fundación Inalafquen, Asamblea No a la Mina de Esquel, Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro y comunidades mapuche (como Lof Fvta Xayen / Confederación Mapuche de Neuquén-Xawvnko), Asamblea Antimegaminería de Bariloche, APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), COA KIUS (Club de Observadores de Aves), Surfrider Argentina, y entidades turísticas de Península Valdés (Cámara de Turismo, Asociación de Guías Balleneros, etc.), Foro para la Conservación del Mar Patagónico, AquaMarina, Fundación Temaikén, ProyectoSub, entre otras.
La Patagonia tiene alrededor de 300 mil pobres; el cómputo llegaba hace dos años a los 400 mil. Ciudades como Sierra Grande, a 30 kilómetros de Punta Colorada —donde se instalará la salida al mar de la producción de Vaca Muerta—, vienen soportando décadas de desempleo y pobreza luego de que se frustrara el último intento de reactivar la mina de hierro local. Más de 6000 personas ya dejaron la localidad. El resto de la costa en Las Grutas y Playas Doradas vive por temporada durante el verano, mientras que Viedma está anclada a la actividad pública.
La extracción de petróleo y gas ha beneficiado las cuentas públicas de Río Negro, que en el ejercicio de 2025 obtuvo más de USD 130 millones por este concepto.
La discusión entre proyectos industriales y medioambiente está muy lejos de apagarse. En distintos puntos del planeta las petroleras vienen extrayendo petróleo y gas en proyectos costa afuera que se encuentran en la ruta de las ballenas. El fracking también ha llegado a las chacras de Río Negro en un contexto no demasiado positivo para la fruticultura. También es común observar campos con vacas sobre los que se levantan enormes molinos de viento en Europa y Sudamérica. La acuicultura convive con otras actividades como la pesca y la extracción, y en Noruega han llegado a convertir la salmonicultura en un hecho turístico que viene ganando cada vez mayor relevancia.
El multiuso del planeta es la realidad a debatir con mayor paciencia y sabiduría.
