Frente al aumento del número de personas que no pueden afrontar pagos a bancos, fintech y otros proveedores de crédito, y ante el fenómeno de las apuestas deportivas online, el Gobierno muestra la misma reacción, pero también se contradice.
“La mora que ustedes están viendo hoy no es por préstamos del año 2025. Es mora vinculada a los préstamos del 2024, que como hubo una suba abrupta del riesgo país, fruto del intento de golpe de Estado, se subió tanto la tasa de interés, se frenó la actividad económica, se congelaron los ingresos, los salarios reales cayeron y, como consecuencia de ello, la gente no pudo pagar. Pero es fruto del ataque de la política”, dijo el presidente Javier Milei en su discurso del viernes 21 de agosto en la Bolsa de Comercio de Rosario, en el que expuso largamente sobre el tema de la morosidad crediticia que hoy afecta a cerca de seis millones de argentinos, para negar que se trate de un problema o de algo que incumba a su Gobierno.
Poco más adelante, en el mismo discurso, Milei señaló: “En la época del kirchnerismo había créditos de bajo monto y altas tasas. Por ejemplo, Efectivo Sí y Credilogros. ¿Saben qué? Los niveles de morosidad eran sustancialmente más grandes que lo que hay ahora, sin embargo —debe ser por la tonelada de guita que ponen en los medios— nadie decía nada (…) Ahora hay, además, el efecto Mundial (…) ¿Saben qué hicieron muchos? Iban a cadenas de venta de electrodomésticos y se llevaban televisores para el Mundial. ¿Qué creen que está pasando ahora? Dejaron de pagar muchos. Esa morosidad está en el 50 por ciento”.
### La explicación presidencial y sus contradicciones
Aunque es cierto que durante el kirchnerismo el crédito casi no existía y que, en el poco que había, la morosidad era muy alta en proveedores como los que mencionó el Presidente, su discurso es contradictorio. Es cierto que el grueso del valor de los créditos hoy en mora se originó en 2024, con lo cual la referencia a la compra de televisores por el Mundial resulta descaminada y marginal frente a la dimensión que tomó la morosidad: casi seis millones de personas atrasadas más de tres meses en sus pagos, por créditos que tomaron a tasas que, incluyendo impuestos, promediaron un 120% de Tasa Nominal Anual (TNA) y un todavía más alto Costo Financiero Total (CFT). En fintech, saldos de tarjetas de crédito, cadenas de electrodomésticos y supermercados y prestamistas de dudosa legalidad, el costo llegó a varios centenares por ciento anual.
Este miércoles, el diputado libertario “Bertie” Benegas Lynch repitió el dislate presidencial: “Cada uno tomó a nivel particular las deudas, pero se agarró todo y ahí entran las motos, los electrodomésticos, el tipo que compró la TV para el Mundial y ahora Argentina no salió campeón, entonces no quiere pagar”.
En su discurso rosarino, Milei también había planteado: “Si yo hago un préstamo muy riesgoso, con mucha tasa de interés, si sale bien, cobro y, si sale mal, paga el Estado (…) ¿Por qué hay que meterle la mano en el bolsillo a toda la ciudadanía para rescatar a los bancos y a las entidades no bancarias? ¿El problema quién lo tiene? El que dio el crédito. (…) Son progres raros. Estigmatizan al usurero, lo convierten en un mercado repugnante y después lo quieren salvar (…) Están tratando de salvar a los bancos, tratando de salvar al usurero. Es buenísima, nunca se me hubiera ocurrido ese nivel de progre”.
De nuevo, para el Presidente el problema lo tiene “el que dio el crédito”, no los casi seis millones de personas que no lo pagan, en la mayoría de los casos porque realmente no pueden, como efecto de su política económica. El grueso del crédito que se otorgó, como lo dijo el propio Milei, en 2024, fue lo que permitió el envión de crecimiento entre mayo de ese año y febrero de 2025, cuando acabó la “etapa feliz” del modelo oficial, de expansión basada en el crédito.
### Radiografía de la morosidad y el impacto en familias y empresas
Como precisa un estudio de la consultora Equilibra, la mora —atraso de tres meses o más— del crédito al sector privado casi se quintuplicó en 18 meses: pasó de 2% en noviembre de 2024 a 9,7% en mayo de 2026, con un incumplimiento mucho mayor en personas que en empresas (16,1% contra 3,5%) y en entidades no financieras que en financieras (30,3% contra 7,6%), aunque con una tendencia alcista generalizada.
En el caso de las personas, la morosidad alcanzó el 16% en mayo pasado, más que duplicando el pico de mediados de 2019 (7,8%), mientras que la de las empresas se quintuplicó. A causa del equilibrio fiscal, los bancos dejaron de prestarle al Estado y se orientaron al sector privado. En principio, algo bueno. El problema es que eso se combinó con cierres y despidos en más de 20.000 empresas y una mayor demanda de crédito por parte de las personas para amortiguar la fuerte caída inicial de sus ingresos.
La situación es más dramática si se contabiliza a la gente en vez del monto en mora. Sobre una población adulta de 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones tienen financiamiento formal, las personas en mora alcanzaron los 5,8 millones en mayo: un 28% de los tomadores de crédito, cifra muy superior al porcentaje del monto en mora sobre el total prestado (16,1%).
Peor aún es el nivel de incumplimiento de personas —más del 50%, 2,9 millones sobre 5,3 millones— que se endeudaron exclusivamente con entidades no financieras. Además, sólo cuatro de cada diez adultos jóvenes, de entre 18 y 29 años, tienen acceso al crédito formal y casi el 40% está en mora. En todas las provincias del norte argentino, salvo Jujuy, el porcentaje de personas en mora supera el 30 por ciento.
En 24 meses —precisa Equilibra— la carga de los servicios de crédito a personas pasó de 8,7% a cerca de 25% de la masa salarial del sector formal de la economía. El Gobierno insinúa que creció el empleo y el ingreso en los sectores informales, que son justamente los que tienen menos acceso al crédito formal y están más expuestos a los abusos y la usura.
Contra lo que dice el Gobierno e insiste el propio Presidente, el 142% de aumento del número de personas en mora —de 2,4 a 5,8 millones— no es sólo “un problema entre privados”, sino un problema macroeconómico que condiciona cualquier posibilidad de reactivación de una economía que lleva cerca de un año y medio aletargada.
En junio de 2026, precisa el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico de las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe, el nivel de actividad económica era aún inferior al de febrero de 2025, cuando se detuvo el envión basado en el crédito. Así las cosas, es la novena recesión que sufre la economía argentina desde 1994 hasta el presente, y ya es la cuarta más larga de las nueve.
Como dice el informe de Equilibra: “El canal del crédito —principalmente en pesos y a individuos— está dañado, por lo cual será difícil revertir la anemia de la demanda interna”. Y, como indican las encuestas de opinión pública, es también un problema socioeconómico: a las familias no les alcanza el ingreso; la mora no es sólo con el crédito, también viene creciendo el atraso en pagos de expensas, prepagas, cuotas de clubes, etcétera.
Un gráfico del mismo estudio, que contabiliza el aumento del peso en el presupuesto familiar de servicios como luz, gas, agua y transporte, muestra que desde el inicio del Gobierno de Milei el ingreso “disponible” para afrontar el costo de vida y los intereses crediticios cayó nada menos que 14%, si se toma en cuenta la canasta de consumo medida en 2017/18 por el Indec durante el gobierno de Macri, que el actual Gobierno decidió no aplicar: preservó la canasta de 2004/05, para atenuar la medición de la inflación y la caída de los ingresos reales.
En la Bolsa rosarina, Milei dijo que el nivel de morosidad en la Argentina es similar al de Estados Unidos y no muy diferente del de países vecinos. En la semana siguiente, un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que computa la mora con bancos y excluye a los proveedores no bancarios —donde la morosidad es más aguda—, evidenció, por el contrario, que la Argentina exhibe una extrañísima combinación: el nivel de crédito en relación con el PBI sigue siendo bajo, pero el nivel de impagos es, por lejos, el más alto de la región: 7,3% a marzo pasado, computando sólo el sector bancario, prácticamente el doble que Brasil (4,3%) y Colombia (3,7%), que le siguen en el ranking de impagos, y más de seis veces el 1,1% que exhibe el vecino Uruguay.
### Apuestas deportivas: el otro “asunto entre privados”
Milei también mencionó como agravante la incidencia de las apuestas online, algo que —aunque sin precisiones— también reconocen los bancos y que afecta sobre todo a los más jóvenes, estimulados por el mercado de apuestas deportivas. En la Argentina hay al menos 13 empresas legalmente autorizadas de apuestas online operando en varias provincias, que son las que otorgan las licencias y regulan la actividad. En algunos distritos, como CABA, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, actúan a la vez más de seis de ellas.
Las cuatro plataformas líderes —Betano, Betsson, BetWarrior y bplay— tienen excelentes vínculos con la AFA y son auspiciantes de clubes. Bancos y sitios de apuestas online son los principales auspiciantes de los 30 equipos que juegan en la actual temporada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF, una creación de Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino), actualmente investigados por el presunto desvío de entre 300 y 400 millones de dólares provenientes de auspicios internacionales a la Selección Nacional de Fútbol.
Once equipos tienen como sponsor principal a bancos o firmas de financiación y las casas de apuestas patrocinan a otros diez, incluidos los siete clubes con mayor número de socios del país: Boca, River, Independiente, Rosario Central, Racing, San Lorenzo y Newell’s.
Durante el Mundial de Fútbol, las plataformas de apuestas online dominaron la publicidad durante la transmisión de los partidos, en particular durante los “cooling breaks” o “pausas de hidratación”, con la invalorable colaboración de algunos jugadores del propio equipo argentino, notablemente el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, un verdadero ídolo de los más jóvenes, que al final de la tanda decía, como para cumplir: “Si sos menor, no apuestes”.
En la Argentina, destacó un estudio de Santiago Marino y Santiago del Carril, investigadores de la Universidad de San Andrés, no hay ninguna regulación sobre el tema. El Gobierno presentó un proyecto para bloquear y sancionar sitios no autorizados, pero no regula a los operadores con licencia —potestad provincial— ni prohíbe la publicidad con influencers, como el Dibu, que en Europa, donde juega actualmente, no puede hacer lo mismo: las principales ligas europeas prohíben que casas de apuestas patrocinen equipos o torneos de fútbol.
En Estados Unidos, país con el que Milei aspira a homologar a la Argentina, una investigación de la Reserva Federal de Nueva York, uno de los integrantes del sistema de la Reserva Federal —o Banco Central—, precisa que las apuestas deportivas online son legales en 38 de los 50 estados, algo que se aceleró a partir de 2018, cuando Philip Murphy, entonces gobernador republicano de Nueva Jersey, invocando ante la Corte Suprema un argumento federalista, logró prevalecer sobre la Ley de Protección de Deportes Profesionales y Aficionados (PASPA, según su sigla en inglés), que prohibía a los estados autorizar apuestas sobre eventos deportivos.
Desde entonces, dice el estudio de la Fed neoyorquina, el volumen anual de apuestas deportivas se multiplicó por diez. Acumuló 520.000 millones de dólares apostados hasta 2024, a un ritmo cada vez mayor: ese año las apuestas online alcanzaron los 150.000 millones.
Eso se reflejó en el aumento de la mora y de las quiebras personales en estados que habilitaron las apuestas deportivas online e incluso en localidades de estados donde el juego online no está permitido, pero que quedan a menos de 60 millas —cerca de 100 kilómetros— de uno donde sí se puede apostar.
La razón es simple: la habilitación no depende del domicilio del solicitante, sino de dónde lo geolocalizan al momento de adherir y al de apostar. Los ludópatas “deportivos” no tienen problemas en recorrer cien kilómetros con tal de hacer sus apuestas.
El modelo del Gobierno de Milei parece apuntar al modelo americano.
