Versiones coincidentes y pedidos de información de fuentes empresarias y sindicales apuntan a que operadores del gobierno, de la mano de viejos recaudadores del kirchnerismo, estarían detrás de una maniobra para capturar más de USD 50 millones a cambio de 18 nuevas licencias pesqueras de la especie más buscada y consumida por China.
Una sospechada resolución del Consejo Federal Pesquero (CFP) volvió a generar sospechas de corrupción en el sector, del mismo modo que en 2024 el reparto de la cuota de merluza hubbsi generó versiones casi unánimes sobre el pago de coimas por valor de USD 15 millones.
Esta vez, versiones y denuncias coinciden en que la extemporánea “Resolución 6” del CFP, para licitar 18 nuevos permisos a barcos “poteros” (especializados en la captura de calamar), responde a operadores vinculados al asesor presidencial Santiago Caputo, que pretenderían recaudar USD 3 millones por permiso. Esto es, capturar un total de USD 54 millones de un mundo con fama de prácticas mafiosas y no extraño a aprietes de distinto tipo.
Quiénes se favorecen
Existe además la sospecha de que la licitación favorecerá a empresas de origen chino, que, según un reciente estudio de Milko Schvartzman, investigador marino y experto en pesca ilegal, ya detentan la propiedad de 53 de los 84 barcos de pesca de calamar actualmente habilitados para pescar en la “Zona Económica Exclusiva Argentina” (ZEEA), el área que se extiende hasta 200 millas marinas desde la costa continental.La flota china “de aguas distantes” domina también la captura de calamar en la llamada “Milla 201”, en que practica la llamada “Pesca No Declarada y No Reglamentada”, amén de incursionar ocasional e ilegalmente en la ZEEA.
El calamar es una especie de ciclo anual y fotosensible: se pesca de noche. De ahí la luminosidad de la flota extranjera (mayormente china y, en menor medida, taiwanesa, surcoreana, española y portuguesa) captada por fotos de la reciente misión espacial Artemis II, que muestran una ciudad-luz en pleno mar.
El 1 de junio, basado en un sucinto informe del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), el Consejo Pesquero consideró que “un incremento moderado de la capacidad nacional mediante la incorporación de 15 a 20 unidades a la pesquería podría constituir una oportunidad para incrementar la tasa de captura del calamar argentino por la flota de bandera nacional” y emitió la resolución para licitar 18 nuevos permisos.
Desde entonces, coinciden distintas fuentes, personas ajenas a la pesca empezaron a ofrecer permisos a cambio de USD 3 millones.
Nadie dice “esta boca es mía”, pero varias fuentes describieron una situación similar al reparto, en 2024, de las cuotas de pesca de “merluza hubbsi”, que fue judicializada, aunque esa era al menos una licitación esperada, pues ese año caducó el reparto anterior, realizado en 2009 y con validez de 15 años, cuando el subsecretario de Pesca era Norberto Yahuar, operador kirchnerista denunciado en 2013 en el programa PPT, de Jorge Lanata, por el periodista Nicolás Wiñaski, quien lo vinculó a un caso de narcotráfico en Chubut: el hallazgo de 110 kilos de cocaína en un cargamento de la pesquera Poseidón, propiedad de Omar Cura Segundo, referido como testaferro de Yahuar.
Nuevos y viejos recaudadores
De hecho, una de las fuentes señaló que en la licitación de 18 nuevos poteros, mezclados con el caputismo, aparecen viejos funcionarios y recaudadores kirchneristas.
“El actual subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla, fue nombrado por recomendación de un amigo de Caputo, pero no es de su total confianza. Entonces Santi hizo una virtual intervención del área, a cargo de quien sería un agente de Inteligencia. Nadie sabe su nombre, lo llaman “Marcos” o “el Fantasma”. Atiende en un hotel, muchos empresarios y operadores del sector se reunieron con él, y el director nacional de Coordinación Pesquera, Arturo Idoyaga Molina, responde a sus órdenes. También volvieron a operar viejos recaudadores K como el Pato Elías, y se reactivaron el siempre influyente Miguel Bustamante y la consultora de Darío Baroli”, dijo, off the record, un empresario que confesó haber sido ferozmente apretado para no hacer ruido.Cada uno de esos nombres tiene su historia. Bustamante asumió en 2011 como subsecretario de Pesca cuando Yahuar ascendió, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), a secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, designación que, en un país con el peso agrícola-ganadero de la Argentina, fue como poner un electricista a cargo del área de Energía en Arabia Saudita. Norberto “el Pato” Elías fue asesor de Bustamante. Y Baroli es un abogado y consultor pesquero.
La licitación de los poteros fue también denunciada por Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata, porque el puerto marplatense recibió una menor puntuación que los puertos de Río Negro, Chubut y Santa Cruz como uno de los criterios para asignar los permisos. En el CFP el único rechazo, por esa misma razón y otras sospechas, fue el de Carlos Liberman, secretario de pesca de la Provincia de Buenos Aires (esto es, funcionario del gobierno de Axel Kicillof).
El kirchnerismo, en los dos lados
El kirchnerismo aparece así en los dos lados de la disputa. Vinculado a Máximo Kirchner, Liberman fue subsecretario de Pesca durante el gobierno de Alberto Fernández.Cabe recordar además que sobre el final de su segundo gobierno, CFK restituyó por DNU los “reembolsos a la exportación por puertos patagónicos” que discriminaban a los puertos bonaerenses y, en particular, al de Mar del Plata, el de mayor descarga pesquera del país. Esos reembolsos (luego derogados por otro DNU, de Mauricio Macri) habían sido creados por uno de los últimos actos legislativos de la dictadura militar 1976-83, una ley del 7 de diciembre de 1983 con la firma de los generales Reynaldo Bignone (último presidente de facto del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, cuyo Estatuto invocó la norma) y Llamil Reston (ministro del Interior) y del entonces ministro de Economía, Jorge Whebbe.Pero volviendo al presente, a la denuncia por la licitación de 18 nuevos poteros de Pulti (quien en 2024 había denunciado penalmente la cuotificación de merluza por presuntos delitos de cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública y exacciones ilegales, causa aún no cerrada) se sumaron notas de empresas y sindicatos a López Cazorla en su doble función de subsecretario de Pesca y titular del CFP.
Por un lado, una nota de empresas “fresqueras” (las que procesan su pesca en plantas en tierra) adelantó su oposición a una futura cuotificación del langostino, por valor la principal especie de exportación de la pesca argentina, y le pidió “se aclaren los motivos por los cuales personas fuera del CFP se están reuniendo con distintos armadores para notificarles cuánta cuota de langostino le tocaría a cada buque o empresa” y que “informe si esas personas, consultoras y/o estudios … están actuando en representación del Consejo Federal, que es el responsable de definir la política pesquera”.
Por otra parte, el sindicato de Conductores Navales (Siconara) envió otra nota a López Cazorla en la que, contrariando la razón invocada para licitar nuevos buques de que el aumento del número de buques permitirá aumentar la captura en la ZEEA y restarla a la piratería de la flota china en la “Milla 201”, señala que la clave del volumen de pesca de calamar es la masa biológica anual y no el número de barcos.
Al respecto, cita que la flota potera congeladora “llegó a su máximo de 98 unidades en 2003 y obtuvo 127.031 toneladas” pero que “con solo 89 buques en 2006 se alcanzó el récord histórico de 260.907 toneladas”.
¿Caballos del comisario?
En cualquier caso, las principales candidatas a quedarse con los nuevos permisos, pues cuentan con subsidios estatales, pueden disponer fácilmente de nuevos buques y tienen margen para hacer los pagos solicitados, sean estos legales o ilegales, son las empresas chinas, que ya detentan más del 63% de los “poteros” que pescan con bandera argentina dentro del Mar Argentino y no menos de 250 de los 300 que pescan en la llamada “Milla 201”. Esto es, los que dominan la pesca dentro y fuera de la “Zona Económica Exclusiva”.
China es el principal consumidor e importador mundial de calamar y, según una reciente investigación de Schvartzman, más de la mitad de la flota de pesca de calamar argentina se encuentra bajo el control de cinco corporaciones de pesca del gigante asiático: Shanghai Fisheries Group Co. Ltd. (estado provincial), Zhejiang Ocean Family Co. Ltd., Qingdao Haoyang Ocean Fishery Co. Ltd., Dalian Huafeng Aquatic Products Co. Ltd. y China National Fisheries Corporation (CNFC, estado nacional), que gozan de subsidios encubiertos del Estado chino.
Esas ventajas, adicionales al combustible subsidiado y el uso de mano de obra semi-esclava, son la exención, para exportar a China, del 12% de arancel que sí pagan empresas argentinas y de otros países, y del 9% de IVA de importación al ingresar al mercado del gigante asiático. Tienen así un margen adicional del 21% que, calculado en base a datos de pesca y exportación de la Argentina, equivalen a un beneficio extra de USD 45 millones anuales, igual al valor de unos diez “poteros” por año.
Según Schvartzman, aunque la resolución para ampliar las licencias de pesca e incorporar 18 nuevos buques, a sumar los 84 existentes, excluye a empresas de propiedad estatal (algo que, como en la licitación de la Hidrovía, pidió el gobierno de Estados Unidos) la nueva licitación no incluye la exigencia de informar mediante declaración jurada la estructura societaria y los “beneficiarios finales” (esto es, los dueños) de los armadores, el mismo error que permitió a empresas chinas “abanderarse” en celeste y blanco y ser ya dueñas de dos tercios de la pesquería de calamar en la ZEEA.
¿Valdrán tanto como eso USD 54 millones?
Lo que está en juego tanto en la licitación de 18 nuevas licencias de buques de pesca de calamar como en la eventual cuotificación de la captura de langostino es grande: se trata de las dos especies de mayor valor de exportación. En 2025 la Argentina exportó productos del mar por 2.010 millones de dólares. El langostino aportó USD 867 millones, producto de ventas por casi 120.000 toneladas, y el calamar 550 millones, a partir de ventas de poco más de 193.000 toneladas. Los tres principales destinos fueron China, con USD 486 millones, España (373 millones) y Estados Unidos (158 millones). Entre los tres explicaron poco más de la mitad de las exportaciones pesqueras argentinas. En tonelaje, la participación de China es mucho mayor debido precisamente a su apetito por el calamar, cuyo precio promedio fue en 2025 de 2.846 dólares la tonelada, dos veces y media por debajo del precio promedio del langostino (7.240 dólares), que encuentra mercados más receptivos en países desarrollados de Europa y América del Norte.
