En 2015, el periodista y escritor Diego Rojas reseñó en este sitio una de las evidencias más contundentes de la hipocresía del exjuez Eugenio Zaffaroni Ahora, una minuciosa y documentada investigación sobre su praxis a lo largo de más de medio siglo confirma la impostura del supuesto “campeón de los derechos humanos” que como juez rechazó más del 95% de los habeas corpus que llegaron a sus manos, justificó con pompa jurídica los crímenes de la dictadura, emitió sentencias aberrantes e invocó el argumento del “lawfare” para justificar la corrupción de una facción política.
El libro “Zaffaroni en tres actos: de jurista prodigio a mito fascista” (Editorial El Atelier), de Mario Fernández Moreno, secretario del Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca, delata la monumental impostura de uno de los jueces más controvertidos de la historia argentina, Eugenio Raúl Zaffaroni.
Zaffaroni inició su carrera judicial en la “Revolución Argentina” encabezada por el general Juan Carlos Onganía y la empalmó con su designación como juez durante el “Proceso de Reorganización Nacional”, la dictadura militar 1976-83, por cuyos estatutos juró y cuyos crímenes y masiva violación de derechos humanos encubrió, rechazando 100 de 105 habeas corpus que llegaron a sus manos, y a la que brindó apoyo doctrinario con un libro publicado en pleno baño de sangre y en el que justificó los golpes militares a partir de conceptos como “necesidad terribilísima” y “la excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”.
Subtitulado “la distorsión del derecho y la debacle jurídica como expresión de la conveniencia política”, el libro lleva más de 1.200 descargas en menos de tres semanas pese a ser una obra compleja, de 964 páginas, que repasa uno por uno y foja por foja 140 habeas corpus, incluye 2.481 notas al pie con nexos digitales a fallos judiciales y fuentes originales, una extensa bibliografía, anexo documental y un minucioso examen del historial judicial, político y bibliográfico de Zaffaroni, cuya falsedad como “garantista” y defensor de los derechos humanos (DDHH) queda al desnudo.
HABEAS CORPUS (TRAIGANME EL CUERPO)
Durante la dictadura, Zaffaroni estuvo a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia letra V de la Capital Federal. De 140 habeas corpus tramitados en su Juzgado, 105 fueron resueltos personalmente por él, 25 por jueces subrogantes y en 10 no se pudo obtener certeza sobre quiénes decidieron, por no poder localizarse los expedientes.
De los 105 en que intervino directamente, Zaffaroni rechazó 100, dos (2) fueron desistidos, en uno (1) se declaró incompetente e hizo lugar a solo dos (2). Zaffaroni ostentó así una tasa de rechazos personal del 95,24 % “tomando solo los casos en los que hay certeza que él dictó sentencia”, superior al global de los otros jueces, que tampoco fue bajo: 84 por ciento.
Escribe Fernández Moreno: “del total de 150 personas cuya situación se judicializó bajo la órbita de decisión de Zaffaroni (…) tenemos hoy la certeza absoluta —en algunos casos definida judicialmente— de que 51 fueron secuestradas en operativos ilegales de detención y luego desaparecidas forzadamente o directamente asesinadas mientras, en paralelo, Zaffaroni rechazaba los habeas corpus que se habían interpuesto en su favor. No lo hizo en una oportunidad, por casualidad, ni dos o tres veces, producto de un error, lo hizo cien veces: 75 en el trienio 1976 a 1978, en pleno fragor de la represión ilegal, 16 veces en 1979, 8 veces en 1980 y una en 1981”.
Entre las “víctimas que no zafaron” (desaparecidas o asesinadas) y cuyos familiares o allegados interpusieron habeas corpus en el juzgado de Zaffaroni, aparecen casos como el de Alicia Lisso, cuyo habeas corpus rechazó Zaffaroni el 7 de diciembre de 1977. En 2011 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal dictó las Resoluciones 19 y 20 que formalizaron la identificación de los restos de 7 personas que se encontraban desaparecidas. Una de ellas era Alicia Lisso, secuestrada en octubre de 1976 en Hudson. Tenía 22 años y fue vista en un centro clandestino en Berazategui. Por el caso fueron condenados a prisión perpetua Jaime Smart, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura, y el coronel Jorge Bergés, uno de los represores más feroces de la dictadura.
Ante Zaffaroni también se interpuso habeas corpus por Inés Ollero, que por apariencias y ante la presión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la dictadura de Jorge Rafael Videla ordenó a Zaffaroni (que ya lo había rechazado dos veces) investigar. Ya en democracia el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a 21 personas como responsables de los delitos sufridos por Ollero en la “Causa ESMA Unificada”, incluyendo figuras paradigmáticas de la represión como el general Carlos Suárez Mason y ejecutores como Ricardo Cavallo y Eduardo Astiz.
Otros casos notorios fueron los del sindicalista Oscar Smith y el de Azucena Villaflor y menos conocido el de Emilio Yoshimiya, secuestrado en la jornada siguiente al Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y el primer desaparecido del listado de 100 cuyos habeas corpus fueron rechazados en base a formalidades por Zaffaroni, cuyo tiempo promedio para resolverlos superó los 12 días, contra las 24 horas que —según el Código de Procedimientos— debían durar como máximo, dada la urgencia de lo denunciado: la desaparición de una o más personas.
Al respecto, dice Iván Colina Ramírez, profesor de la Universidad de Sevilla, uno de los prologuistas del libro de Fernández Moreno: “La no acción de un magistrado que mantiene la apariencia de normalidad mientras sabe o debe saber del horror que se desarrolla a su alrededor, constituye una contribución funcional, sin la cual el sistema de impunidad se habría erosionado más rápidamente. La doctrina de la complicidad, particularmente desarrollada en el contexto de los juicios de Nuremberg y en la justicia transicional, no requiere un dolo directo de matar o torturar, sino la conciencia de la función facilitadora que el silencio o la inacción otorga a la empresa criminal. El jurista que no usa su poder formal para detener la tiranía, al menos intentándolo, se convierte en un garante negativo de la misma. El ‘mito fascista’ no es la etiqueta de una ideología personal, sino la denuncia de un rol funcional. Fascista, en este contexto, es todo aquello que anula la legalidad y la dignidad humana en favor del poder arbitrario; el jurista que lo encubre con su silencio, se convierte en su garante de facto y convierte al magistrado en una pieza más de la estructura de impunidad que sostuvo la violación masiva de los derechos humanos”.
JUSTIFICADOR DE CRIMENES
Pero Zaffaroni hizo mucho más que callar. En 1980 publicó en coautoría con Ricardo Cavallero “Derecho Penal Militar”, un libro casi inhallable reseñado en la primera etapa de plazademayo.com por el periodista y escritor Diego Rojas, muerto en mayo de 2024, a quien durante la investigación Fernández Moreno –que halló otro ejemplar del libro de Zaffaroni en la biblioteca del Juzgado Federal de Bahía Blanca– contactó y a quien cita en su obra.
La nota original de Diego, de junio de 2015 (“Zaffaroni, el libro de la mala memoria”) fue citada en varios medios y en 2018 citada en un intento de remover a Zaffaroni (por “inhabilidad moral”, “actuación partidista incompatible con sus funciones” y “desvalorización de los principios democráticos”) de la CIDH, a la que había llegado promovido por el kirchnerismo al que prestó servicios de 2003 a 2014 como miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
“En una circunstancia hipotética, habiendo desaparecido cualquier autoridad o siendo incapaz la que resta, un grupo militar puede usurpar justificadamente la función pública”, dice el libro de Zaffaroni y Cavallero y, basado en el argumento de “la necesidad terribilísima” y de “la excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, brinda respaldo doctrinario a la pena de muerte sin proceso judicial ni condena, la legislación por bandos militares y la exclusión de los homosexuales de las fuerzas armadas. Es decir, a lo que entonces estaban haciendo las fuerzas armadas.
“No parece un dato menor que, para la fecha en que fue publicado, en plena dictadura y después de que la CIDH emitiera su informe lapidario respecto de la grave situación de los DDHH y la violación de las garantías fundamentales por la administración de justicia, la obra haya sido dedicada a un brigadier auditor (Laureano Álvarez Estrada) y a un contraalmirante auditor (Ramón Francisco Morel), a quienes se les reconoce haber permitido a los autores “el manejo del material de la biblioteca que posee la Auditoría general de las Fuerzas Armadas”, dice el libro de Fernández Moreno, quien recuerda que los auditores militares eran asesores jurídicos de los Comandantes e integraban el Estado Mayor Especial.
Álvarez Estrada había sido designado subsecretario de Justicia por el dictador Jorge Rafael Videla. Desde allí degradó al luego fiscal del Juicio a las Juntas de Comandantes, Julio Strassera. Años después integró el directorio de Edcadassa, la empresa de Alfredo Yabrán. La línea se extiende hasta el kirchnerismo, durante el cual ejerció hasta su muerte como Vocal Letrado del Consejo Supremo de las FFAA, designación realizada por el Ministerio de Defensa y probablemente auspiciada por Zaffaroni.
Fernández Moreno, que tuvo intercambios con Diego Rojas, cita el siguiente pasaje de su nota en plazademayo.com: “Si bien es cierto que el tiempo pasa y nadie podría ser esclavo por siempre de su pasado, también se podría afirmar que es necesario reconocer los hechos personales que pudieran haber tenido un efecto en la realidad social, como un acto de responsabilidad moral. Hechos como el libro de Zaffaroni, que brindó una estructura jurídica de justificación —mientras los crímenes sucedían— de una dictadura dirigida por asesinos y entreguistas”.
FALLOS ABERRANTES
Por el libro también desfilan varios fallos aberrantes, como “fellatio in ore”, en el que Zaffaroni y otro juez redujeron al mínimo la condena a un encargado de edificio que indujo a una niña de 8 años a practicarle sexo oral haciéndole creer que chupaba su dedo. Tanto Zaffaroni como el juez Elbert consideraron que no constituía violación y que por haber ocurrido a oscuras y “sin violencia“ era solo “abuso deshonesto”. Asi, consideraron que el recurso del victimario a la oscuridad para inducir a la víctima a practicarle sexo oral más de una vez era en realidad un atenuante.
Varias de esas aberraciones fueron expuestas en la sesión del Senado en que se trató el ascenso de Zaffaroni a juez de la CSJN por la entonces senadora Sonia Escudero, quien reseñó la “Causa Pafundo”, en que dos mujeres mayores de edad fueron violadas mientras eran amenazadas con un cuchillo de cocina, pero Zaffaroni aplicó la “duda a favor del agresor”, o la “Causa Quiroga”, de corrupción de una niña de 14 años, en la que citó “un detalle importante acerca de la conducta llamativa en el área sexual por parte de la menor desde la primera foja de la causa, donde se señalan sus senos exuberantes”, y la “Causa Antar”, donde con el voto de Zaffaroni fueron absueltos tres hombres que habían obligado a una menor a tener relaciones sexuales deslizando que “el hecho de que la mujer ejerciera la prostitución traería aparejada una renuncia automática a su derecho a decidir”.
Más aberrante aún, jurídica y políticamente, fue el “caso Paula”, quien a los cuatro años empezó a sufrir abusos sexuales, consentidos por su padre y su madre a cambio de dinero. A los seis, en situación de calle, fue enviada a un instituto de menores y luego (pese a los abusos) reintegrada a su familia. A los 14 su padre la envió a una casa donde era abusada por el dueño y enviada a dos departamentos en los cuales era abusada sexualmente y obligada a consumir alcohol y drogas por parte de un hombre rico al que llamaban “El Padrino”.
Al cabo de 13 años, ya adulta, “Paula” logró llevar a la Justicia a sus padres, condenados a 10 años de prisión, a los proxenetas (a 8 años y al “Padrino” (a 5 años) por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 17. La CSJN con la firma de los jueces Maqueda, Lorenzetti, Highton de Nolasco, Petracchi y Argibay, rechazó por “inadmisible” un recurso de defensa, pero Zaffaroni votó en disidencia argumentando que correspondía dar intervención a la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que dictaminase sobre la cuestión “de naturaleza federal” invocada. La jugada permitió a los proxenetas y al “Padrino” darse a la fuga, lo que dio lugar a pedidos de captura a Interpol. El “Padrino” era Alberto Pampín, empresario que -cita el libro- se encargó de la iluminación en la mayoría de los grandes eventos organizados por el Gobierno kirchnerista, como el del Bicentenario en 2010, el Festival por la Democracia de 2012 en Plaza de Mayo, la feria Tecnópolis,, el Edificio de YPF para el 25 de Mayo, la Conmemoración de la Vuelta de Obligado en San Pedro y el stand de Presidencia en la Feria del Libro, entre otros.
EL “LAWFARE” PARA ENCUBRIR LA CORRUPCIÓN
A esa altura estaba aún más clara que al principio la adhesión de Zaffaroni al kirchnerismo, del que se volvió jurisconsulto en jefe con el argumento del “lawfare”, según el cual hay una “persecución política” en procura de la “proscripción” de Cristina Fernández de Kirchner a través de las causas por corrupción y la hasta ahora única condena en la “causa Vialidad”.
El libro recuerda que siendo aún miembro de la CSJN y con los procesos judiciales por corrupción que afrontaban numerosos funcionarios ligados al kirchnerismo en marcha, Zaffaroni afirmó que el kirchnerismo seguiría en el poder porque “un proyecto político diferente no tendría éxito, nos llevaría a un caos”. Además, apuntó a los dos supuestos artífices del “lawfare”, los medios y la “corporación judicial”, anticipando de modo amenazante que “todo descontrol del poder punitivo, toda falta de prudencia en su uso, tarde o temprano termina en un genocidio”. Lo decía justo quien rechazó 100 de 105 habeas corpus en favor de personas desaparecidas durante la dictadura para la que escribió un libro que básicamente justificaba sus crímenes con floritura academicista.
Según Fernández, “las frases de Zaffaroni resultan tan categóricas como carentes de evidencia empírica objetiva, pero reseñan indirectamente aspectos que luego él asociará y cristalizarán en la teoría ‘lawfarista’”. El ex juez de la CSJN y de la CIDH llegó al extremo de afirmar la idea “del Tribunal devenido pelotón de fusilamiento”, con el agregado de que “el pelotón de fusilamiento es mejor», porque allí todos los integrantes tienen armas de fogueo y nadie sabe quién disparó la bala mortal”, mientras que en el tribunal “todos firman”.
Sobre la cuestión del lawfare, término acuñado por un oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para referirse a estrategias no militares (jurídicas, políticas, comerciales, etc) a fin de someter a un poder extranjero, pero que Zaffaroni y sus seguidores locales usan para defender una facción política interna, el catedrático Carlos Bardavio Antón, profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, España, otro de los prologuistas del libro de Fernández, dice: “un peligro muy bien señalado es confundir la utilización ilegítima del aparato judicial con una teoría que justifica, por definición, la inocencia política de determinados actores”. En el caso de Zaffaroni, de los actores kirchneristas.
ENTREVISTA AL AUTOR
Aparte de leer su libro, PlazadeMayo entrevistó a Fernández Moreno:
-¿Qué lo impulsó a hacer una investigación tan minuciosa y revisar uno por uno 140 habeas corpus tramitados ante el juzgado de Eugenio Zaffaroni durante los años del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”?
Lo primero es que, al escribir un libro en el que se intenta explicar cómo durante el nazismo académicos jueces y fiscales legitimaron las políticas genocidas del régimen de Hitler, me topé con posicionamientos ambiguos, como su postura acrítica del jurista nazi Hans Welzel. Y con las contradicciones entre su práctica como juez en los 70 y las teorías garantistas posteriores me parecía importante estudiarlo en profundidad. Su contradicción más evidente es la de su categórica defensa de los derechos humanos y su práctica judicial durante la última dictadura militar. Zaffaroni también evidenció otras contradicciones, que me interesaron.
-¿Por ejemplo?
Su abierta denuncia contra el uso político de la justicia mediante su “teoría” del “lawfare” y su posicionamiento partidario con el peronismo-kirchnerismo. Estos temas ya habían sido advertidos antes de que Zaffaroni llegase a la Corte Suprema. Lo del rechazo de los habeas corpus había sido denunciado por Rodolfo Terragno, pero yo investigué cada uno de esos habeas corpus, sin perder de vista el contexto en que ocurrieron. Que la investigación sea minuciosa y detallada es por el método elegido y la importancia de Zaffaroni, para alcanzar conclusiones serias sobre cada tema, sean los habeas corpus que rechazó en dictadura o los otros de los que habla el libro. No es lo mismo decir que Zaffaroni rechazó más del 95% de los habeas corpus que tramitó, que presentar lo que consta de cada víctima en la Secretaría de DDHH de la Nación, ver exactamente qué hizo en cada caso y qué resolvió el Poder Judicial en situaciones similares.
-¿Por qué cree que en los juicios por lesa humanidad hubo jueces y fiscales acusados y condenados por similar inacción a la que usted documentó de Zaffaroni, pero este no solo no fue señalado sino que incluso fue designado juez de la CSJN? ¿Protección política, protección reputacional?
Hay allí dos aspectos, el judicial y el político. En el ámbito judicial, la respuesta la da el propio Zaffaroni cuando advierte de la selectividad del poder punitivo: dice que este nunca toca a los poderosos, pero en este caso el poderoso es él. Es muy difícil entender cómo opera la “doble vara” judicial si uno está apegado a las normas y respeto al principio constitucional de igualdad. Si la jurisprudencia repite sistemáticamente que X hecho es un delito de lesa humanidad, y se presenta un asunto que también es X, todo indica que estamos frente a otro delito de lesa humanidad. Cuando eso no ocurre hay que preguntarse por qué.
-¿Y cuál es la respuesta?
Eso nos conduce al aspecto político. En mi experiencia, el verdadero “poderoso”, intocable judicialmente es el poderoso “político”, porque maneja resortes del poder y puede neutralizar la amenaza que representa un juez, un fiscal o un funcionario molesto. El poderoso político infunde miedo por lo que es capaz de hacer y el miedo explica muchas veces la inacción de la justicia. Cuando digo “neutralizar” me refiero a ejecutar cualquier acción que suspenda el normal desarrollo del proceso, sea un homicidio, como le ocurrió a Nisman, o la amenaza de perder el empleo, como el caso del fiscal Stornelli.Y cuando hablo de “político” me refiero a cualquiera que tenga perfil partidario e incidencia directa en el movimiento con el que simpatiza. No es necesario que sea diputado o senador; puede ser empresario, sindicalista, juez o fiscal de los que llamo “adictos”.
-¿Cuáles son los méritos o deméritos del argumento de “lawfare” que invoca Zaffaroni para impugnar los juicios y la condena penal a Cristina Kirchner?
Mérito puede tener solo como hipótesis defensiva novedosa. Cada una de las características del llamado lawfare, como la supuesta animosidad concertada del “partido judicial” y los “medios hegemónicos” contra los “líderes populares”, se deshace con las pruebas que aporta el libro, que contradicen cada postulado que afirma Zaffaroni. La investigación revela que la conformación de la justicia federal ha respondido históricamente a un perfil esencialmente peronista y en la última década al kirchnerismo más radical.
-¿Por qué afirma eso?
El Poder Judicial no puede catalogarse como “enemigo” del kirchnerismo. Y si hablamos de los llamados “medios hegemónicos”, las pruebas reunidas en el libro señalan que fue el kirchnerismo el que en realidad desarrolló un enorme conglomerado de medios “amigos” a través de empresarios que controlaban o compraron canales de TV, radios y medios gráficos, desde los cuales desplegaron sus campañas mediáticas, incluida la alegada existencia del “lawfare”. El kirchnerismo, como ningún otro partido, utilizó la pauta oficial como mecanismo de control de la prensa, para limitar la libertad de información y opinión. La invocación, totalmente carente de pruebas, de “lawfare” en boca de uno de los juristas más prestigiosos de Latinoamérica revela que hay “algo más” que su simple yerro dogmático.
-¿A qué se refiere?
Es imposible conciliar su calidad técnica y conocimiento con semejante construcción hipotética sostenida solo en su discurso y volcada en tribunales, sin pruebas, para conseguir la inocencia de políticos poderosos. Ese “algo más” podría ser el trueque realizado entre Zaffaroni y el kirchnerismo de soporte político e impunidad judicial según el momento y los roles de cada parte. La propia designación de Zaffaroni en la CSJN sustenta ese enfoque; el kirchnerismo quería tener un “aliado” en la Corte y algunos votos de Zaffaroni confirman esta teoría. Él se jubiló antes de que la condena a CFK llegase a la Corte por la vía recursiva, y justamente por esa salida fue criticado por algunos sectores del kirchnerismo, por “bajarse” de ese lugar estratégico para blindar a CFK. Eso también confirma el oportunismo de Zaffaroni.
-¿Oportunismo en qué sentido?
No fue leal a la estrategia original. Se cortó solo, se replegó al ámbito académico, que nunca le había traído inconvenientes, ajustó la táctica al escenario en donde más cómodo parece sentirse y como jurisconsulto diseñó una estrategia defensiva de la que los abogados de CFK no se apartaron ni un milímetro: el “lawfare”, una teoría militar estadounidense ajustada forzadamente y sin pruebas al falso relato de la proscripción y persecución política.
-¿Puede tener eso algún tipo de consecuencias en el futuro?
Antes de desvincularse por completo de sus roles judiciales, Zaffaroni no tuvo reparos en usar de plataforma la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y desde allí —en 2020 y 2021— fijó jurisprudencia en otros casos latinoamericanos (“Petro Urrego contra Colombia” y “Palacio Urrutia contra Ecuador”) que avalan su tesis “lawfarista”, con el agravante de aludir elípticamente a casos argentinos, como los “cuadernos de las coimas”, o en forma directa, como cuando se refiere a Milagro Sala. La jugada es magistral: si CFK o Sala se presentan en algún momento ante la CIDH alegando “lawfare”, la propia CIDH se las verá con dos antecedentes propios en los que sus jueces [Zaffaroni uno de ellos] afirman que eso existió, pese a ser absolutamente inverificable. De estas cosas también alerta el libro.
UN DOCUMENTADO AJUSTE DE CUENTAS CON LA HISTORIA
Eugenio Raúl Zaffaroni hoy tiene 86 años. Aun suponiendo que llegue a los cien, está en una etapa en la que la mayoría de las personas merecen vivir sin ser cuestionadas. Sin embargo, los méritos que muchos aún le adjudican, incluido su supuesta defensa de los DDHH y su doctrina garantista, que llevada al extremo ha producido y puede seguir produciendo tanto daño, así como su amañada invocación del lawfare para encubrir y justificar la corrupción de una facción política, merecían una obra como la de Fernández Moreno.
Zaffaroni fue un cómplice activo de la dictadura militar, por cuyos estatutos juró y a la que prestó servicios de facilitador y encubridor, rechazando más del 95% de los habeas corpus que llegaron a sus manos, brindó apariencia legal a un golpe de estado a cuya praxis de asesinatos y masiva violación de derechos humanos no solo hizo oídos sordos sino que apoyó con un libro publicado en pleno baño de sangre y en el que, basado en el argumento de la “situación terribilísima” y de “la excepcional necesidad de dar muerte al delincuente”, dio respaldo doctrinario a la pena de muerte sin proceso judicial ni condena, a la legislación por bandos militares y a la exclusión de los homosexuales de las fuerzas armadas. En definitiva, merecía un ajuste de cuentas con la realidad y con la historia, tal cual fue y sigue siendo.
EL LIBRO SE PUEDE DESCARGAR AQUÍ:
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