Tras una decisión políticamente correcta, las distintas posiciones ponen dudas sobre la eficacia de la medida.
Este miércoles la Presidente firmó un decreto para prohibir en cualquier medio de comunicación los avisos de oferta sexual. Con el mismo fin, se puso en funcionamiento una Oficina de Monitoreo específicamente dedicada a detectar la publicación de estos avisos para poder sancionar a los responsables. La justificación de la normativa está dada en la prevención de la trata de personas y el respeto a la ley contra la violencia de género. Para Eva Giberti, coordinadora del Programa Las Víctimas contra las Violencias, “estos avisos de oferta sexual son habituales y habían llegado a un límite de exageración, de mal gusto, de provocación y de humillación de las mujeres, ofreciéndolas como mercancías y además violando y violentando la última ley que se ha sancionado acerca de la violencia contra el género, de manera que es una medida prudente destinada a ordenar este tipo de prácticas, cuya única finalidad es colocar a las mujeres en posición de humillación, de objetos sexuales, destinadas no solo a un placer masculino, sino también al abuso de poder por parte de los varones ya que las mujeres que \’trabajan\’ como prostitutas están obligadas a obedecer al cliente”.
Sin embargo, las aguas están divididas: mientras varias agrupaciones y personas vincualdas a la lucha contra la trata de personas festejaron la iniciativa, la Asociación de Mujeres Meretrices y la Asociación Transexuales Travestis Transgéneros Argentina opinan que esto afectará directamente a las trabajadoras autónomas y que las dejará en una posición aún más vulnerable frente a quienes regentean la prostitución. Elena Reynaga titular de AMMAR lo explica: “no estamos de acuerdo porque la fundamentación del decreto es para erradicar el tema de trata y nosotras no creemos que sea la forma de hacer las cosas porque hay muchísimas compañeras para las que el tema de los avisos es un medio para publicar su trabajo y hay compañeras que son totalmente autónomas, entonces estos es haberles coartado la libertad de trabajo”. Según un trabajo de campo que realizó AMMAR, son 80.000 las mujeres que actualmente ejercen la prostitución en el país, de ese total, hay 60.000 que realizan su trabajo puertas adentro en departamentos que pertenecen a redes de proxenetismo, “por eso es importante el tema de la regulación del trabajo porque ese puerta para adentro significa sacarle gran parte de su negocio y de su trabajo a las compañeras y no hay ningún derecho laboral que les garantice algún cuidado”, explica Reynaga.
Por otra parte, esta medida tiene para Reynaga una “intencionalidad de mezclar todo, decir que todo es trata y en realidad no lo es”. Giberti opina que la mayor parte de las mujeres no trabajan de forma autónoma sino que responden a terceros: “yo no podría ofrecer estadísticas, pero lo habitual es que las cuentapropistas no sean señoras que tienen un departamento independiente y que se manejen con ese departamento y pongan un aviso, sino que detrás de eso, habitualmente lo que hay es una mafia”.
La cuestión que quedaría es si detrás de esta iniciativa existe una real decisión política de terminar con las redes de trata y si el gesto se queda dentro de los límites de lo simbólico. La titular de AMMAR se muestra escéptica con respecto a este tema: “la Justicia no existe para nosotras, muchas veces la gente de la justicia está involucrada en el tema. Si proliferan las redes, si todavía siguen abiertos tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, lugares que están totalmente prohibidos -que son los prostíbulos-, es porque la justicia está involucrada. Si yo voy a una provincia, hablo con el intendente, recorro y le digo la cantidad de lugares que hay clandestinos, donde a las compañeras les sacan más del 50%,, se lo estoy notificando y le estoy diciendo quiénes lo están habilitando y que no deberían hacerlo y te dicen que no tienen ninguna herramienta; yo la verdad que tengo que sospechar que ese intendente se paga las campañas con la plata que viene de ahí”. Para Giberti la cuestión no es tan sencilla.
PDM: La mayoría de las publicidades llevan a tugurios de muy fácil acceso para el cliente, como para la policía y la Justicia ¿no sería más sencillo que la policía cierre estos lugares y no perjudique a las trabajadoras?
EG: Esto no es como vos lo planteas, tanto el Ministerio de Justicia, como la Policía Federal, tienen sus respectivas divisiones o áreas destinadas a la investigación criminológica. Cuando se cierra un prostíbulo, cosa que parece sumamente provechosa, si en ese prostíbulo se había iniciado una investigación para rastrear la red que estaba regenteando un conjunto de mafiosos, cerrás ese prostíbulo y perdés ese contacto con las mujeres que allí trabajan. Cerrar prostíbulos es algo que agitativamente es muy interesante, pero corre el riesgo de romper con la investigación. Si bien es verdad que no nos podemos hacer los distraídos y saber que hay connivencia de magistrados, policias y funcionarios con todo este tipo de organizaciones, también es verdad que hay todo otro sector de las instituciones que investiga redes, y esto es lo que tiene relación con la trata. No todas las mujeres que están en el prostíbulo, están por propia voluntad. La trata es un fenómeno de esclavitud, no de prostitución.
Elena Reynaga no cree en la Justicia y menos en la policía. En los años que trabajó como prostituta y que lleva adelante la organización jamás ha visto el cierre de un prostíbulo, el proceso sobre alguna red de trata o una actuación policial en favor de las trabajadoras. Por el contrario, “la policía nunca actúa a favor, la policía entra a estos procedimientos poniéndolas a las chicas contra la pared, les saca los documentos, les saca el dinero que ellas ganaron, les sacan los celulares, las manosean, las maltratan y después muchos de estos sinverguenzas vuelven al lugar pidiendo servicio gratuito”. Las que todos los días se enfrentan a esta realidad, no fueron consultadas antes de la decisión presidencial. Giberti considera que “la Presidenta no tenía que hacer esa consulta en manera alguna, de manera que si ellas se sienten dejadas de lado, pues que eleven una nota de queja a la Presidenta”. Las quejas fueron presentadas, las notas fueron escritas, pero no se obtuvo respuesta: todos los pedidos presentados por AMMAR ante Cristina Fernández de Kirchner y Aníbal Fernández fueron desestimados. “¿Qué hay que estar con el Gobierno para que nos reciban? A nosotras no nos van a recibir porque estamos con la CTA”, dice Reynaga y finaliza: “nosotras vamos a seguir defendiendo el derecho de trabajo de la compañera autónoma.”
